PRESS RELEASE
Una auditoría concluye que la Ley Municipal de Tecnología de Vigilancia de 2019 debe revisarse para limitar el desperdicio de recursos.
Controller's OfficeLas limitaciones de la ley actual impiden que la Ciudad utilice eficientemente los recursos para supervisar el uso de la tecnología de vigilancia por parte de los departamentos.
San Francisco, CA — La Ciudad y el Condado de San Francisco cuentan con una ley vigente desde 2019 para garantizar el uso responsable de los dispositivos y software que recopilan y comparten datos, incluyendo imágenes y grabaciones de video. Esta ley de Adquisición de Tecnología de Vigilancia busca proteger la privacidad y las libertades civiles al exigir a la Ciudad que divulgue anualmente todos los usos de la tecnología de vigilancia. Una auditoría realizada por la Oficina del Contralor concluyó que la ley, en su redacción actual, no permite a la Ciudad aplicar un enfoque basado en el riesgo para ajustar el nivel de supervisión de los diferentes usos propuestos de la tecnología de vigilancia a los riesgos que representan. En cambio, toda la tecnología de vigilancia recibe un tratamiento uniforme, a pesar de los diferentes niveles de riesgo.
Esto es problemático porque la tecnología de vigilancia abarca una amplia gama de dispositivos y software diseñados para recopilar, almacenar o compartir datos con una persona o un grupo. La tecnología de vigilancia abarca desde cámaras corporales y drones aéreos hasta software de monitoreo de redes sociales, y todas ellas presentan distintos niveles de riesgo de violación de la privacidad. Al no utilizar una evaluación basada en riesgos, la Ciudad podría estar desperdiciando recursos inadvertidamente al monitorear de cerca herramientas y dispositivos de bajo riesgo.
“La Ciudad aprobó una ley para proteger el derecho a la privacidad de los residentes y salvaguardar sus datos personales. Cuando la ley aplica, trata a todas las tecnologías por igual, lo que desaprovecha una oportunidad para una supervisión más rigurosa de las tecnologías de alto riesgo”, declaró el contralor Greg Wagner . “Creo que estamos presentando argumentos sólidos para que la ley pueda y deba revisarse en beneficio del público. Como ciudad, tenemos el deber de garantizar el uso responsable de los datos que recopilamos”.
La Contraloría dará seguimiento cada seis meses al estado de cumplimiento de seis recomendaciones formuladas en el informe de auditoría de hoy.